OPINION
EL PAIS FEBRERO 26 DEL 20099
POR: GUSTAVO DUNCAN
¿Quién responde?
Febrero 26 de 2009
Lo sucedido con las interceptaciones telefónicas en el DAS no es una cuestión insignificante. El menosprecio con que el Presidente y sus ministros han tratado el tema, como un simple asunto de ‘redes mafiosas’ que venden sus servicios al mejor postor, banaliza un hecho que en cualquier democracia decente hubiera conducido a numerosas renuncias y a un escándalo que tendría en la cuerda floja al Gobierno.
¿Por qué es tan grave lo ocurrido? Básicamente porque una democracia supone no sólo el respeto de las mayorías, sino también el respeto a la oposición, a la prensa y a los jueces. Lo que se expresa en garantías para periodistas, políticos y funcionarios en el ejercicio del control político y judicial al Ejecutivo y en la práctica de la libertad de prensa. Y si bien el control puede ser incómodo, es la única manera que se tiene para evitar que el Gobierno de las mayorías se convierta en un gobierno de minorías enquistadas en el poder.
Cuando se interceptan los teléfonos y correos electrónicos desde una agencia de seguridad adscrita a la Presidencia de manera ilegal, quienes ahora están en el Gobierno utilizan los recursos del Estado para reducir los márgenes de maniobra de sus competidores. Los políticos de la oposición pierden la posibilidad de establecer estrategias para cuestionar el desempeño del Gobierno -esto no sólo no es ilegal sino deseable- porque de antemano los funcionarios del Ejecutivo pueden anular sus intentos en los medios de comunicación. Por algo parecido, pero al menos más discreto, se cayó el presidente Richard Nixon en Estados Unidos. Los jueces pierden la reserva de su proceso, dificultando la construcción de material probatorio y poniendo en riesgo sus vidas y las de los testigos. Y los periodistas pierden, además de sus posibilidades de realizar su trabajo de reportería sin interferencias de terceros, la confidencialidad de sus fuentes, con los consiguientes riesgos de seguridad.
De por sí el hecho de que las interceptaciones hubieran sido realizadas por encargo de narcotraficantes o criminales por fuera del Estado es un escándalo de mayores proporciones. Sin embargo, no es claro que todo haya sido un asunto de detectives corruptos confabulados con delincuentes. De acuerdo con la revista Semana, los principales clientes de la red mafiosa del DAS eran funcionarios del Palacio de Nariño y tiene mucho sentido que sea así. No es claro qué puede ganar un narcotraficante fugitivo de los Llanos Orientales con hacerle seguimiento a Gustavo Petro, a Piedad Córdoba, a Julio Sánchez o a Valencia Copete. Aunque les sobre dinero, sería un gasto inútil.
No puede afirmarse que el DAS sea la policía secreta de la Presidencia. Sería un exabrupto en relación con lo sucedido. No hay evidencia de que el DAS sea utilizado para amenazar, desaparecer o asesinar a la oposición. La magnitud de lo ocurrido no debe tampoco llevar a diluir las responsabilidades de sucesos suficientemente graves, al pretender extender hechos delictuosos de los que no hay ni siquiera evidencia inicial. Simplemente es suficientemente grave que se intercepten de manera ilegal las comunicaciones de la oposición con medios públicos. Y es más grave que de nuevo un escándalo mayúsculo toque al Gobierno y que nadie responda, sin que ello movilice a la sociedad civil para exigir explicaciones.
(*) Profesor Universidad de Los Andes
